La CIJ se abstiene de ordenar a Israel que cese los combates en Gaza pero critica duramente su conducta

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ordenó el viernes al Estado de Israel que adoptara varias medidas para garantizar los derechos de los palestinos de Gaza, pero no le ordenó específicamente que pusiera fin a los combates en la Franja de Gaza.

En su decisión, el tribunal (CIJ) estableció en un primer momento que tenía autoridad para pronunciarse sobre el caso de acusación de "genocidio" presentado por el gobierno sudafricano y criticó duramente la conducta de Israel.

El tribunal también decidió que el caso no se desestimaría por completo, como había pedido Israel, pero, sobre todo, no ordenó el alto el fuego inmediato de la guerra contra el grupo terrorista Hamás en Gaza.

En su lugar, la CIJ dictó cinco medidas que Israel debe adoptar inmediatamente antes de presentar un informe al tribunal en el plazo de un mes.

En respuesta a la sentencia provisional del tribunal, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a denunciar la acusación de "genocidio" y reiteró que Israel tiene derecho a la autodefensa.

"El vil intento de negar a Israel este derecho fundamental es una flagrante discriminación contra el Estado judío, y fue justamente rechazado. La acusación de genocidio formulada contra Israel no sólo es falsa, sino indignante", declaró el Primer Ministro.

Prometió que Israel seguiría obedeciendo el derecho internacional y facilitando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Según la sentencia provisional del Tribunal Mundial, Israel debe tomar ahora varias medidas para impedir las violaciones de la Convención sobre el Genocidio, y especialmente evitar que sus tropas militares cometan tales actos.

En este punto, el tribunal también incluyó específicamente la controvertida acusación de Sudáfrica de que Israel impidió a propósito que las mujeres de Gaza dieran a luz.

Además, Israel debe impedir y castigar la incitación pública dentro del país a cometer genocidio contra los palestinos de Gaza.

Además, el Estado judío debe garantizar la prestación de servicios humanitarios básicos en la Franja de Gaza para hacer frente a las "condiciones de vida adversas" en el enclave costero.

Por último, Israel debe impedir la destrucción y garantizar la conservación de pruebas que impliquen a Israel en actos contrarios a la Convención sobre el Genocidio, y presentar un informe sobre sus acciones a la CIJ al cabo de un mes.

Todas las medidas exigidas fueron respaldadas por una amplia mayoría de los 17 jueces de la CIJ, incluido el representante israelí Aharon Barak, que apoyó dos de ellas.

La única voz discordante a todas las medidas fue la de la representante de Uganda en el tribunal, la juez Julia Sebutinde.