La pesadilla de Nova: los supervivientes del Festival se enfrentan al Estado de Israel en una demanda masiva

La magnitud de la muerte y la devastación causadas por el atentado al Festival de Música Nova el 7 de octubre de 2023 es difícil de comprender. 

Unas 364 personas fueron asesinadas en el evento al aire libre cerca del kibutz Re'im, al que asistieron 3.500 fiesteros, lo que representa casi un tercio de las 1.200 personas asesinadas por los terroristas de Hamás durante su invasión masiva al noroeste del Néguev. Muchos resultaron heridos y al menos 40 fueron secuestrados y enviados a Gaza como rehenes. Hubo informes generalizados de violaciones y abusos sexuales, incluidas violaciones en grupo. 

El ataque de Hamás puso de manifiesto importantes deficiencias de los servicios de inteligencia de Israel, ya que el gobierno no tomó medidas preventivas a pesar de recibir múltiples advertencias. La incapacidad para comprender la capacidad y las intenciones de Hamás puede deberse a suposiciones obsoletas, que fomentaron una sensación equivocada de invencibilidad. Los funcionarios israelíes percibieron a Hamás como una amenaza controlable, subestimando su compromiso con la violencia y sus ambiciones genocidas. 

Ajuste de cuentas legal 

El asombroso número de muertos en Nova ha impulsado a supervivientes y familiares a exigir responsabilidades legales a las FDI, el Shin Bet y la policía nacional. Cuarenta y dos sobrevivientes presentaron una demanda histórica de 200 millones de shekel (aproximadamente 55 millones de dólares), alegando negligencia grave que permitió la masacre. 

En la demanda se afirma que "una simple llamada telefónica de funcionarios de las FDI al comandante del festival advirtiéndole de los riesgos podría haber salvado vidas al provocar la dispersión inmediata de los asistentes". Destaca que el oficial de operaciones de la División de Gaza se opuso explícitamente a la celebración del evento, señalando los problemas de seguridad y la forma de cubrirlo con seguridad cuando los soldados se tomarían tiempo libre por la festividad de Simchat Torah. A pesar de estas advertencias, se concedió la autorización. 

La demanda también alega que se asignaron recursos de seguridad insuficientes, con un número de policías y un equipamiento inadecuados para las exigencias. En general, las acusaciones se basan en una desconcertante incapacidad para tomar medidas decisivas y preventivas, ya que ni las FDI ni la policía comunicaron ningún problema de seguridad a los 3.500 participantes de Nova cuando aumentaba la preocupación. Incluso en medio de los primeros informes de infiltración terrorista, no se dio orden de cerrar el festival y evacuar a los civiles fuera del recinto. 

Una demanda sin precedentes en una época sin precedentes 

En caso de prosperar, la demanda de 200 millones de shekel supondría la mayor sentencia judicial de la historia de Israel contra el Estado y las fuerzas de seguridad. Las FDI, la Policía Nacional y el Shin Bet se enfrentan a un intenso escrutinio por la negligencia que permitió el desastre. 

Una frase en particular de la demanda ofrece una ventana a cómo se siente el público israelí en general en estos días: "La demanda aclara explícitamente que su propósito no es sustituir a la próxima Comisión Nacional de Investigación. Por el contrario, se centra específicamente en abordar las omisiones y negligencias que condujeron a la fiesta. Esto incluye el escrutinio del proceso de aprobación y concesión de licencias, junto con la falta de emisión de una orden para la dispersión de los participantes en la fiesta Nova a sus hogares, a pesar de las notificaciones recibidas." 

El deseo incontenible de respuestas en torno a los fallos de inteligencia de la fiesta Nova impregna la petición de las víctimas. En términos más generales, encapsula a un país que lidia con una vulnerabilidad traumática tras un atentado que sacudió la conciencia nacional. 

Uno sólo puede preguntarse si los Estados patrocinadores del terrorismo de Hamás -Irán y Qatar- deberían asumir los costos financieros en lugar de los contribuyentes israelíes. Dados los años que llevan financiando y armando a Hamás, se podría argumentar razonablemente que Irán y Qatar comparten la responsabilidad moral de la devastación causada por el atentado. Tal vez estos benefactores del terrorismo, y no los ciudadanos israelíes, deberían cubrir con razón los daños de los sobrevivientes. 

Pero por ahora, la realidad sigue siendo que la acción legal sin precedentes de las familias Nova pone el foco de la responsabilidad directamente en el sistema de seguridad de Israel. La demanda de 200 millones de shekel por negligencia garantiza un fuerte escrutinio y un ajuste de cuentas por los vergonzosos fallos institucionales que permitieron que se desencadenara la tragedia nacional. 

A medida que los múltiples errores se acumulan en un ataque traumático que inflama la conciencia israelí, se plantean preguntas difíciles sobre cómo se permitió que ocurrieran desastres tan asombrosos en primer lugar.